El error primario de muchos de los que hablan de la necesidad de tener organizaciones ciudadanas es que ven estas como una manera de acceder al poder político para empoderar a la sociedad civil. Es una contradicción, pues al volverse gobierno se convierten en organismos políticos precisamente.
La sociedad civil no debe aspirar a sustituir a la clase política, sino a vigilarla, controlarla, obligarla a servir. Cuando uno se enferma va a consultar al médico, no va a preguntarle su opinión a su mejor amigo, o sea, busca al profesional especialista más calificado que conoce para que trate de resolver su problema de salud. Así, los ciudadanos deben escoger a los más capaces, preparados, expertos políticos, para curar los males sociales y para asegurarse de su talento deben existir instituciones que regulen la actividad profesional de estos.
Una sociedad organizada debe buscar los mecanismos para ser escuchada, para participar en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y no caer en el engaño de la «representación» política legitimada en un solo momento llamado proceso electoral. Muchas comunidades indígenas de nuestro país ejercen una democracia participativa mediante consejos de ancianos, procesos de decisión colegiados y otras formas eficientes de participación social que determina el trabajo de sus dirigentes. O sea, si se puede designar al que manda obligándolo a obedecer.
En nuestro modelo político debemos empezar por diseñar tres mecanismos que son fundamentales para impedir abuso impune del poder: referéndum, plebiscito y revocación de mandato.
Sobre esto volveré en próximos comentarios.
