El caso de la intervención telefónica de que fue objeto Lorenzo Córdova, consejero presidente del muy devaluado Instituto Nacional Electoral me lleva a tres reflexiones.
La primera es que no podemos aceptar el uso de las instituciones públicas ni de los símbolos patrios como trinchera para defender nuestros errores, nuestra frivolidad, nuestra incompetencia y menos nuestras transgresiones a la ley. Es común que se defiendan los ocupantes de cargos públicos con el argumento de que son atacados los organismos en que trabajan, o lo que representan, para evadir críticas o denuncias personalísimas. Así, el presidente de la República no es la Patria, los jerarcas eclesiásticos no son la Iglesia ni el consejero presidente es el INE. Esa identificación tramposa sirve para evitar asumir responsabilidades por actos de personas.
La segunda reflexión es que se debe tomar en serio la investigación de los delitos referentes al espionaje violatorio de los derechos de las personas. Muchas veces se ha utilizado el argumento de la ilegal obtención de evidencia para absolver a pillos que transgreden la ley en perjuicio de ciudadanos inermes ante el abuso, pero casi nunca -¿o nunca?, no estoy seguro- se ha llegado al esclarecimiento de estos hechos delictuosos, lo que tal vez hubiera conducido a conclusiones jurídicas válidas para castigar a los espías pero también a los espiados, haciendo justicia en ambos casos.
Por último, creo que es inaceptable la permanencia de Lorenzo Córdova en una institución que debe ser, antes que cualquier otra cosa, confiable. Lo más grave de este asunto no es que haya sido víctima de un delito, que es en lo que se pretende centrar el escándalo -ya dije que se debe investigar a fondo y hallar a los culpables- sino que ha perdido toda credibilidad ante la sociedad y su cargo requiere precisamente de confianza y credibilidad.
Para presidir el INE, como para ser esposa de César, no basta ser honrado también hay que parecerlo. Los doctorados y los diplomas no suplen estas indispensables cualidades.
